El Gobierno ha aprobado un real decreto que regula los servicios de recarga de todos los vehículos eléctricos. Teresa Ribera, ha señalado que el real decreto aprobado pretende "consolidar la fiabilidad de las infraestructuras de recarga"
El decreto contribuye a completar el marco normativo de aplicación a la actividad de recarga de vehículos eléctricos y el objetivo principal es el de disponer de 100.000 puntos de recarga pública en 2023 y poder dinamizar la movilidad sostenible.
En los próximos meses se hará público un mapa oficial de todos los puntos de recarga para estos vehículos.
En la norma se definen las dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga: el Operador del Punto de Recarga, titular de los derechos de explotación de las estaciones de recarga y responsable de su operación física, y la Empresa Proveedora de Servicios para la Movilidad Eléctrica, un intermediario entre los operadores y todos los usuarios de vehículos eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios.
Estas dos figuras deben informar sobre el origen de la energía eléctrica suministrada; también disponer de un servicio de atención al cliente para gestionar todas las incidencias, quejas o reclamaciones y deben preservar el carácter confidencial de la información de la que tengan conocimiento en el desempeño de su actividad. Los operadores van a garantizar el cumplimiento de la normativa de calidad, seguridad industrial y metrología que resulte de aplicación.
El real decreto refuerza la obligatoriedad de la recarga puntual en estaciones de acceso público, sin que puedan establecerse barreras de naturaleza técnica o contractual, de esta manera te garantizan el acceso de vehículos eléctricos a la recarga y reducir la denominada “ansiedad de autonomía”.