El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio un nuevo Real Decreto-ley en el que se incluyen medidas para impulsar la transición energética y conseguir un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata de un decreto que quiere atraer más de 90.000 millones de euros en inversiones y que prevé generar entre 107.000 y 135.000 puestos de empleo a lo largo de los próximos 10 años.
Este decreto se divide en cuatro bloques: el primero en el que se incluye la regulación de acceso y conexión, así como un nuevo mecanismo de subastas que de un marco predecible y estable a las renovables; el segundo que quiere impulsar nuevos modelos de negocio como la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación; el tercer bloque, que trata sobre el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y, finalmente, el cuarto bloque establece diferentes medidas sectoriales para impulsar esta actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.
El Gobierno aprovecha esta oportunidad para sacar partido de las condiciones meteorológicas del país, mientras aprovecha este potencial natural para crear empleo, actividad económica y el descenso de los niveles de contaminación.
Os destacamos los puntos más importantes de este Decreto que puedes consultar aquí al completo:
Garantías para los proyectos renovables firmes.
El primer artículo regula los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica para asegurar que estos derechos están asociados a proyectos reales y firmes, evitando movimientos de carácter especulativo.
Estos elementos especulativos obstaculizan y encarecen la puesta en marcha de los proyectos solventes, por lo que es urgente que se ordenen los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la energía en España sea renovable en el 2030.
Nuevo sistema de subastas
Con este sistema se pujará de modo fijo sobre el precio de la energía. Se busca crear una mayor estabilidad de ingresos y financiación para los inversores y que esto se traduzca en ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico para los consumidores.
Simplificación y agilización de trámites
Se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución.
Estas medidas junto a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, impulsarán la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo.
Nuevos modelos de negocio
Este Real Decreto-ley incorpora nuevos modelos que ofrecen oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad como, por ejemplo, la figura del almacenamiento, la hibridación de diversas tecnologías renovables en una misma instalación o la figura del agregador independiente.
Asimismo, quedan reguladas las comunidades de energías renovables, que permiten a los ciudadanos y autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables y también se aprueban los procedimientos para instalaciones destinadas al I+D+i y el establecimiento de bancos de pruebas regulatorios (“sandboxes”).
Puntos de recarga de alta capacidad, utilidad pública
Para facilitar la expansión de los vehículos eléctricos, este decreto otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas destinadas a los puntos de recarga de alta capacidad, unos elementos fundamentales para que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.
Además, amplía la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora el procedimiento de cálculo de las obligaciones. Asimismo, y de modo excepcional por la situación creada por el COVID-19, se permitirá que las comercializadores que sean PYMES retrasen el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020 para que puedan recuperar su liquidez.